La edil socialista defiende su gestión al frente de Urbanismo y exige que el juicio contra ella sea rápido.
La concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, ha presentado este mediodía su dimisión tras ordenar el juez la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación continuada en relación a la legalización de la plaza de San Antonio. Arropada por el alcalde, Soto ha leído un escrito en el que ha atribuido esta imputación a lo que denomina “trabajo sucio” contra su persona. “Yo soy culpable de impedirle a mucha gente de esta ciudad seguir haciendo lo que venían haciendo”, afirmó, refiriéndose al cobro del 10% del aprovechamiento municipal y a la eliminación de la recalificación de las Burgas, entre otros.
Por ello, insistió en que de volver a darse el caso, “volvería a hacer lo mismo: mi obligación es defender el interés público. Como dije: 16 veces estaré imputada pero no haría otra cosa”.
Ahora exige un juicio rápido, tal y como sucedió en primavera pasada con los ediles populares de Santiago, que fueron juzgados en dos meses. “Pido el juicio antes de las elecciones (los tiempos de Santiago lo demuestran posible) para que la posible absolución que esperamos permita reparar mínimamente el grave daño político que causa este auto”, explicó.
En su escrito de acusación, el fiscal pide para Áurea Soto 10 años de inhabilitación porque entiende que concedió una licencia y una indemnización pese a que era perjudicial para el Concello de Ourense.
“Unha persoa honesta”
Por su parte, Agustín Fernández ha dicho que con la salida de Soto “déixanos unha persoa honesta, unha gran traballadora e unha extraordinaria profesional”; que no se trata de un caso de corrupción ya que la edil no ha obtenido ningún beneficio de la legalización de la plaza de San Antonio, que, en todo caso, ha insistido, se ha hecho “con base legal” pues el Plan de 2003 lo permitía y estaba vigente.
Desde la tribuna de público del salón de plenos del consistorio ourensano, varios miembros del grupo de gobierno (Marga Martín, Ana Garrido y José Ángel Vázquez Barquero) así como cargos socialistas (como Carmen Rodríguez Dacosta o Pablo López Vidal) han mostrado su apoyo a la edil, cuya renuncia a la acta de concejal se hará efectiva en el próximo pleno.
En cuanto a quien asumirá sus competencias (además de Urbanismo, gestionaba Infraestructuras y Servicios Generales), por el momento recaen en el alcalde, que ha pedido “uns días” para redistribuirlas entre los restantes miembros del equipo de gobierno.
