El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Ourense da por finalizada la instrucción del caso de las asistencias técnicas y dicta auto para que se continúe la tramitación de la causa contra el ex alcalde de Ourense y la ex edil de Urbanismo.
El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha dado por finalizada la instrucción del caso de las asistencias técnicas y dictado un auto en el que acuerda que se continúe la tramitación de la causa por si los hechos investigados pudiesen ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación. El magistrado imputa por estos hechos a dos personas, al ex alcalde Francisco Rodríguez, y a la edil de Urbanismo en el momento de los hechos, Áurea Soto.
En el mencionada auto, el juez sobresee provisionalmente la causa en relación al resto de imputados, entre los que se encuentra el actual alcalde, Agustín Fernández, la directora xeral de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosat, y los ex concejales Iolanda Pérez, Andrés García Mata, Alexandre Sánchez Vidal, Xosé Somoza, Xosé Carballido, Manuel Hermninio Iglesias y Xosé Fernando Varela. En relación al regidor, recuerda el instructor que fue bajo su mandato “cuando se puso punto y final a la situación irregular generada por los contratos celebrados bajo la fórmula de asistencias técnicas”.
Las presentes diligencias se iniciaron tras una denuncia de la CIG, en la que exponía que cinco personas habían sido contratadas por el Ayuntamiento de Ourense bajo la modalidad de asistencias técnicas, contratos que se fueron prorrogando en el tiempo, a pesar de que en un determinado momento todas las facturas presentadas por los trabajadores contratados fueron objeto de reparo por parte del interventor municipal.
El juez considera responsable al ex alcalde Francisco Rodríguez por haber levantado “de forma continuada los reparos formulados por el interventor a las facturas que mes a mes presentaron los trabajadores contratados bajo la fórmula de asistencias técnicas, sin esgrimir ninguna razón para justificar dicha resolución”. Con respecto a Áurea Soto, entiende que de igual modo es responsable del delito de prevaricación “al ser la máxima responsable del área de urbanismo durante todo el período en que estuvieron vigentes los contratos investigados, desde el año 2008 hasta el año 2013”.
“La edil, como máxima responsable de la Concejalía de Urbanismo durante este período de tiempo, era perfectamente conocedora de la situación irregular que se estaba generando con este tipo de contratación, a pesar de lo cual tampoco realizó la más mínima actuación encaminada a poner fin a esta situación que se prolongó hasta la llegada al cargo del nuevo alcalde”, se indica en el auto notificado este martes.
